Conflicto en SanCor: advierten que la indefinición judicial retrasa la reactivación de las plantas lácteas

El desmantelamiento progresivo de la ex cooperativa SanCor CUL continúa marcando uno de los capítulos más complejos de la industria láctea argentina.

Lo que durante décadas funcionó como el motor productivo de pueblos enteros en las provincias de Santa Fe y Córdoba, hoy atraviesa un laberinto judicial que mantiene congeladas sus instalaciones y paralizados los ingresos de cientos de familias rurales.

La brecha entre los tiempos procesales de los tribunales y la urgencia social del sector productivo volvió a quedar expuesta en las últimas horas, revelando una parálisis que frena cualquier intento de recuperación industrial.

La cronología de la crisis evidencia casi una década de deterioro sostenido.

A nueve años de que comenzaran los primeros retrasos salariales y las irregularidades en los haberes —una situación expuesta por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) en un reciente comunicado y que nunca logró regularizarse—, el proceso sumó nuevos capítulos: un año y medio desde la apertura del concurso preventivo y cuatro meses desde el dictado de la quiebra solicitada por la propia firma.

Pese al transcurso del tiempo y la gravedad del cuadro, el expediente aún no cuenta con un pronunciamiento de fondo firme que permita disponer la liquidación de los bienes o definir un esquema concreto para cancelar los saldos adeudados.

Inversores frenados y drama social

El aspecto más contradictorio del escenario actual radica en el interés productivo que aún despierta la infraestructura de la histórica empresa.

Existen múltiples oferentes de capitales privados que adquirieron los pliegos licitatorios con intenciones operativas reales: inyectar fondos, reactivar el procesamiento de leche en las plantas industriales y garantizar ocupación efectiva para el personal desplazado.

Sin embargo, sin una resolución judicial expedida que defina el marco legal de adjudicación o liquidación, esas intenciones de inversión permanecen completamente bloqueadas.

Esta dilación prolongada provoca un perjuicio económico y social acumulativo sobre los operarios y la cadena de acreedores.

La falta de trabajo efectivo se traduce en incertidumbre cotidiana para los hogares vinculados a la láctea, una situación agravada por decisiones administrativas nacionales: la Superintendencia de Servicios de Salud resolvió la exclusión legal de los trabajadores respecto a la cobertura asistencial de la obra social sectorial.

La desprotección alcanza por igual a distintos esquemas laborales. Aquellos operarios en actividad conviven con la falta de tareas y cobros, mientras que la situación resulta del mismo modo dramática para quienes optaron en su momento por el esquema de Retiro Voluntario Anticipado.

Este último grupo permanece a la espera de la liquidación formal de activos para poder percibir sus acreencias pendientes, sumidos en una espera sin plazos claros.

En los pueblos donde operan las plantas procesadoras, la reactivación total de las instalaciones se percibe como la única vía para evitar un impacto irreparable en las economías regionales.

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Mientras la materia prima sigue su curso hacia otras usinas del país, la infraestructura industrial de SanCor permanece detenida en el tiempo, a la espera de definiciones judiciales que transformen los pliegos y las propuestas de inversión en puestos de trabajo concretos y chimeneas encendidas.