R H FernándezEl Gobierno no prevé avanzar en el corto plazo con el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para impulsar los créditos hipotecarios, pese a que la alternativa fue expuesta la semana pasada por el ministro de Economía, Luis Caputo. En el Ejecutivo aseguran que el proyecto sigue bajo revisión, pero que todavía no hay una definición para instrumentarlo.
Caputo confirmó el 13 de agosto que Economía trabaja junto con el Ministerio de Capital Humano, el FGS y las entidades financieras en un mecanismo para que el fondo coloque depósitos bancarios a largo plazo. La propuesta descarta que la ANSES compre directamente las hipotecas de las personas y apunta, en cambio, a que los bancos compitan por esos recursos mediante las tasas que estén dispuestos a pagar.
La iniciativa busca resolver el descalce entre los plazos a los que prestan y se financian los bancos. Una hipoteca puede extenderse durante 20 ó 30 años, mientras que buena parte de los depósitos del sistema tiene vencimientos mucho más cortos. El esquema permitiría que el FGS coloque fondos a dos, tres o cinco años para darles a las entidades una fuente más estable de financiamiento.
El último informe oficial de ANSES permite dimensionar el fondo sobre el que se discute. El FGS cerró junio con una cartera valuada en US$79.232 millones. El 77,7% estaba invertido en títulos públicos nacionales, el 14,3% en acciones y el 3,5% en proyectos productivos o de infraestructura. Las disponibilidades representaban apenas el 0,3% del total.
Los plazos fijos ya forman parte de la cartera. A junio, el FGS tenía US$1247 millones colocados en ese instrumento, equivalentes al 1,6% de sus activos. El monto había aumentado desde US$750 millones en marzo y acumulaba una suba de 172,9% durante 2026. El proyecto de Caputo no requiere, por lo tanto, crear una categoría de inversión nueva, sino ampliar una operatoria que el fondo ya utiliza.
La legislación tampoco establece una prohibición general. La Ley 24.241 permite invertir hasta el 30% de los activos del FGS en depósitos a plazo fijo en entidades financieras, aunque las decisiones deben ajustarse a criterios de seguridad y rentabilidad. Con la valuación de junio, ese techo equivaldría teóricamente a unos US$23.800 millones, pero no significa que ese volumen esté disponible para ser destinado al programa.
La complejidad aparece en la instrumentación concreta del esquema. Para llevar el mecanismo a la práctica, el FGS debe definir una operatoria que permita extender las colocaciones actuales a dos, tres, cuatro o cinco años y adjudicarlas mediante un proceso competitivo entre entidades financieras. El Comité Ejecutivo del fondo debe fijar los criterios de seguridad, rentabilidad y adecuación temporal de las inversiones y aprobar las operaciones que se realicen.
El diseño deberá determinar qué bancos pueden participar, qué montos se licitan, qué vencimientos se ofrecen, cómo se adjudican los recursos y bajo qué parámetros se comparan las tasas. Caputo mencionó como ejemplo que una entidad pueda ofrecer UVA más una tasa para un depósito a dos años y un rendimiento diferente para otro a cinco años, pero esas condiciones todavía no están definidas.
La tasa aparece como uno de los puntos más sensibles. Los bonos en pesos ajustados por CER representan por sí solos el 44,3% de todo el FGS, mientras que otro 7,4% está invertido en títulos vinculados a la TAMAR. Los responsables del fondo deberán justificar que colocar recursos durante varios años en depósitos bancarios ofrece una relación de rentabilidad, plazo y riesgo adecuada frente a las demás alternativas de la cartera.
El margen efectivo para avanzar tampoco surge directamente del límite legal del 30%. Casi ocho de cada diez dólares del FGS están invertidos actualmente en títulos públicos y las disponibilidades eran de apenas US$224 millones en junio. Para aumentar significativamente los plazos fijos, la administración deberá resolver qué recursos reasigna, qué posiciones deja vencer o qué nuevos flujos destina a las colocaciones bancarias.
Dentro del Ejecutivo reconocen además una fuerte cautela alrededor de la responsabilidad de los funcionarios que deben aprobar la operatoria. “El problema con el FGS es que nadie quiere firmar nada”, expresan en Nación. En el Gobierno vinculan esa prevención con los antecedentes de judicialización que atravesaron decisiones sobre la administración de los activos previsionales en distintas gestiones.
Durante el kirchnerismo hubo casos vinculados directamente con el manejo del fondo. En 2009, una denuncia por operaciones con Préstamos Garantizados derivó en una investigación que alcanzó a Amado Boudou, Diego Bossio y Sergio Chodos. En 2017, además, Elisa Carrió, Fernando Sánchez y Fernanda Reyes denunciaron a integrantes del Comité Ejecutivo que administró el FGS entre 2010 y 2015, entre ellos Bossio, Axel Kicillof, Hernán Lorenzino y Emmanuel Álvarez Agis, por presunta administración fraudulenta.
La exposición judicial no quedó restringida a una sola administración. También durante el gobierno de Mauricio Macri se presentaron denuncias contra integrantes de la conducción de ANSES y del Comité Ejecutivo por operaciones realizadas con activos del FGS. Esos antecedentes no implican que las decisiones investigadas hayan sido finalmente consideradas ilegales, pero refuerzan dentro del Ejecutivo la necesidad de respaldar una eventual nueva operatoria con fundamentos técnicos, financieros y jurídicos precisos.
Por ahora, el proyecto queda bajo revisión y sin una fecha prevista de implementación. En el Gobierno remarcan que el mecanismo no aparece prohibido por la legislación vigente, pero todavía resta definir cuánto dinero se utilizaría, durante cuánto tiempo, a qué tasas y mediante qué procedimiento. El objetivo es encontrar una fórmula que genere fondeo de largo plazo para ampliar los créditos hipotecarios sin comprometer la rentabilidad del FGS ni exponer la operatoria a futuros cuestionamientos.
