La Corte Suprema confirmó la condena a 8 años al exgobernador Sergio Urribarri y los fiscales pidieron su detención

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a ocho años de prisión para Sergio Urribarri, quien fue dos veces gobernador de Entre Ríos por el kirchnerismo y embajador en Israel, por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en cinco causas que tramitaron los tribunales provinciales.

La condena lleva aparejada, además, la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario de la defensa del exgobernador por considerarlo inadmisible.

La misma suerte corrieron los planteos de los otros condenados en el expediente.

Urribarri, que ya había estado preso, había sido liberado en enero de 2025 tras un fallo de la Corte provincial. Fijó domicilio en la ciudad de Concordia.

Tras el fallo, los fiscales anticorrupción Patricia Yedro y Gonzalo Badano pidieron la detención inmediata de Urribarri, Pedro Báez, su exministro de Cultura, y Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador, para que cumplan la condena efectiva en prisión.

Ahora el tribunal que lo condenó debe disponer la ejecución de la pena, buscándolo en su domicilio para que quede detenido.

El exgobernador –aliado del kirchnerismo y que durante el gobierno de Alberto Fernández fue embajador en Israel– fue condenado el 7 de abril de 2022 y esa sentencia fue confirmada por la Casación de Entre Ríos en 2023.

El exmandatario quedó preso en noviembre de 2024 por orden de la Cámara de Casación provincial que dispuso su prisión preventiva para evitar que se fugue, pero la decisión fue revocada en enero de 2025 por la Sala de feria del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos. Estuvo preso 50 días.

Según la investigación a cargo de la fiscal provincial anticorrupción Cecilia Goyeneche, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares.

En esa maniobra apareció favorecido Aguilera, el cuñado de Urribarri, a quien se responsabilizó por manejar un esquema de testaferros y de cartelización para quedarse con los fondos de la publicidad en vía pública.

En el expediente también se investigó el montaje de un parador en Mar del Plata en 2015 y la difusión de spots durante la Cumbre del Mercosur que se realizó en la ciudad de Paraná en diciembre de 2014 para promover su postulación a la presidencia en 2015.

Urribarri fue gobernador de la provincia de Entre Ríos desde diciembre de 2007 hasta diciembre de 2015.

Ese año fue electo legislador provincial y en 2020 fue nombrado embajador por la República Argentina en el Estado de Israel. Ese cargo diplomático fue ocupado hasta mayo de 2022, cuando el Poder Ejecutivo aceptó su renuncia tras su condena.

La causa fue impulsada por Goyeneche, que enfrentó un jury por mal desempeño y fue removida de su cargo, hasta que intervino la Corte Suprema de Justicia, que la repuso en funciones.

En la causa contra el exfuncionario hubo cinco acusaciones principales: el otorgamiento de una pauta publicitaria del Estado a la empresa Global Means, del empresario Germán Buffa, antes de que esa firma tuviera existencia real; la denominada “causa de la vaca” o “de las imprentas”, que investigó de qué modo dos empresas, Tep SRL y Next SRL, que se adjudican a Aguilera, el cuñado de Urribarri, se quedaron durante cinco años con el negocio de la pauta publicitaria oficial en cartelería en vía pública.

También fue acusado por la megacausa del Sueño Entrerriano, que involucra la publicación de una solicitada contra fondos buitre, por la instalación de un parador playero en Mar del Plata que costó $14 millones de entonces; y el pago a la productora Nelly Entertainment para difundir tres spots de campaña que en apariencia difundían la Cumbre del Mercosur de 2014.

El 7 de abril de 2022, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná condenó a Urribarri a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

También fueron condenados el exministro de Cultura y Comunicación de la provincia, Pedro Báez, y el exfuncionario legislativo Aguilera, cuñado del exmandatario, ambos a seis años de prisión e inhabilitación.

En el mismo debate también fueron condenados Corina Elizabeth Cargnel, Gustavo Ruben Tamay y Gerardo Daniel “Foia” Caruso a la pena de tres años de prisión en suspenso.

Las penas menores fueron para Luciana Belén Almada, esposa de Aguilera, y Emiliano Giacopuzzi, quienes recibieron dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, respectivamente; y Germán Esteban Buffa, a la pena de un año y dos meses de prisión de ejecución condicional.

El tribunal también dictó absoluciones para otros acusados: el exministro de Turismo, Hugo Marsó; los exfuncionarios de la Unidad Operativa Mercosur Hugo Céspedes -fallecido durante el proceso- y Gustavo Tórtul; Alejandro Almada y Maximiliano Sena.

En 2023, el Tribunal de Casación entrerriano confirmó las condenas.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó los recursos de las defensas. Los imputados presentaron recursos extraordinarios para cambiar su suerte ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti desestimaron los recursos por inadmisibles, salvo en el caso de la defensa de Tamay, en el que su presentación fue rechazada por defectos formales.

Por Hernán Cappiello