La Argentina no tiene hoy acceso al financiamiento internacional en condiciones sostenibles. El riesgo país volvió a superar los 500 puntos básicos y el propio programa financiero oficial descarta emisiones internacionales para lo que resta de 2026 y para 2027. Cualquier plan que suponga financiar un déficit con deuda choca contra esa pared antes de arrancar. Hay que trabajar dentro del equilibrio fiscal porque no hay margen para otra cosa, al menos hasta que el país pueda recuperar el financiamiento y allí defina reglas claras de responsabilidad fiscal.
Aún así, queda bastante espacio para actuar, más del que reconoce el debate actual. Hay stocks que el sector público administra y hay capacidad productiva parada. El Gobierno no los moviliza por prejuicios ideológicos, privando al país de la posibilidad de promover un crecimiento inclusivo, muy diferente del que el actual modelo está generando.
PRIMERO: REACTIVAR LA OBRA PÚBLICA
El Presupuesto 2026 destina a infraestructura alrededor del 0,4% del PBI. El promedio latinoamericano está entre 2% y 2,5%, y el Banco Mundial ubica entre 4% y 6% lo que necesita un país que quiere desarrollarse.
El país está consumiendo su stock de capital público debido a un prejuicio ideológico del Presidente. Hay muchas maneras de ejecutar obras de infraestructura pública pero ningún país deja de hacerlas. Rutas, ferrocarriles, redes de agua y sistema eléctrico se deterioran, y esa factura la terminan pagando incluso los sectores que generan divisas. El propio sector energético ya advierte que el estado de las rutas amenaza a Vaca Muerta, la minería y el agro. La decisión del Gobierno en realidad lesiona el resultado fiscal porque mantiene una parte importante de la actividad industrial y la construcción en fase recesiva.
Reactivar la obra pública tiene un efecto inmediato sobre la actividad. La construcción exhibe uno de los multiplicadores más altos de la economía, entre 1,8 y 2,5, y su cadena de proveedores funciona hoy muy por debajo de lo que puede. En junio la industria usó el 59,1% de su capacidad instalada y la metalmecánica apenas el 41,5%. Hay fábricas paradas esperando demanda. Poner obras en marcha con esa capacidad ociosa genera empleo rápido y presiona poco sobre los precios.
Queda la pregunta del financiamiento y ahí hay una respuesta que el debate viene esquivando. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene participaciones accionarias en empresas privadas argentinas, valuadas en torno a los US$ 12.000 millones. Ese paquete llegó con la estatización de las AFJP en 2008 y se sostuvo durante años con la ilusión de que serviría como herramienta de control y negociación con el sector privado, en tanto los directores del Estado en los directorios y la presencia estatal en las asambleas generó la idea de que desde ahí se orientaba el comportamiento de las grandes empresas. Nunca funcionó y no orientó decisiones relevantes de inversión, no modificó el perfil exportador de ninguna de esas compañías y no generó encadenamiento productivo alguno.
Encima salió caro: si ANSES hubiese vendido esas participaciones en el año 2010, tras la finalización de la crisis mundial y las hubiese invertido en fondos accionarios internacionales, su valor sería tres veces más elevado. No estoy diciendo que esa era la opción más adecuada, solo que la elegida no consiguió el objetivo político y tampoco sirvió como opción de valorización y resguardo de los ahorros.
Ese paquete debe ser vendido y disponer los recursos para financiar infraestructura.
Se trata de cerca de 2% del PIB que podrían operar como semilla para dinamizar la infraestructura sin afectar el stock de deuda ni el resultado fiscal. Por el contrario, movilizará recursos que permitirán reactivar la construcción y las industrias proveedoras. La operación cambia la composición de los activos del Estado: se elimina una tenencia inmovilizada y de baja rentabilidad, e ingresa capital físico con retorno verificable.
SEGUNDO: POLÍTICA INDUSTRIAL SELECTIVA
El segundo eje apunta a que las ramas más golpeadas se reconviertan en proveedoras de la energía y la minería. La escala de la oportunidad es enorme pero todavía no llega a la industria local. Entre mayo de 2025 y junio de 2026, ocho vehículos de proyecto importaron bienes por US$ 284 millones y el 87% correspondió al núcleo metalúrgico: tanques, cisternas, equipos de filtrado, maquinaria. Todo eso se fabrica acá. Mientras tanto, las metalúrgicas vinculadas a la minería cayeron 6,4% interanual en julio y las de petróleo y gas, 4,4%. Tenemos un boom exportador que compra afuera lo que se produce en el país.
Corregirlo es barato. Hace falta desarrollo de proveedores en serio, homologación de estándares y certificaciones, fondos de garantía para pymes —las provincias de la Mesa del Litio ya avanzan ahí—, uniones transitorias de empresas para responder a demandas de gran volumen, articulación con escuelas técnicas. Y reglas de contenido local que se cumplan. El costo fiscal de esta agenda es marginal. Lo que hace falta es coordinación, información y decisión política.
Hay que sumar la agenda regional. Brasil sigue siendo el socio con mayor potencial de complementación productiva en automotriz, autopartes y bienes de capital, y el acuerdo Mercosur-Unión Europea define buena parte del marco en el que la Argentina se va a especializar. Trabajar eso con seriedad tiene bajo costo fiscal.
LA PRODUCCIÓN SOSTIENE AL EQUILIBRIO
La sostenibilidad es una condición necesaria. Un programa de desarrollo exige además decir qué se produce, quién lo produce y con qué empleo. Hay una razón que debería interesarle también a quienes miran solamente la planilla: la caída en la actividad disminuye la recaudación, y con menos recaudación el equilibrio se vuelve cada vez más caro de sostener. Un superávit que se consigue destruyendo capital público y capacidades productivas termina comiéndose a sí mismo. No es sostenible.
Una mirada centrada en la producción y el empleo puede volver a dinamizar la economía sin incurrir en déficits que no se puedan financiar. Es la única manera de alcanzar sostenibilidad fiscal.
