R H FernándezProductores, tareferos y cooperativas de Misiones solicitarán al gobernador Hugo Passalacqua que impulse una Ley de Emergencia Yerbatera ante el derrumbe de los ingresos del sector primario y la falta de una respuesta eficaz frente a la desregulación nacional.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las organizaciones se reunirán el jueves 30 de julio con el mandatario para entregarle el proyecto y reclamar herramientas provinciales que eviten el cierre de pequeñas explotaciones, la reducción de las cosechas y la pérdida de jornadas laborales.
La iniciativa fue preparada después de que el Gobierno nacional ratificara que no devolverá al Instituto Nacional de la Yerba Mate la facultad de fijar precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada. Esa atribución había sido eliminada por el DNU 70/2023.
El origen principal de la crisis es nacional, pero el nuevo planteo coloca la responsabilidad política dentro de Misiones. Las entidades consideran agotadas las gestiones ante la Casa Rosada y sostienen que la Provincia conserva competencias para adoptar medidas transitorias de protección sobre su principal economía regional.
Un cálculo difundido por los productores ubicó en $473 el costo de producir un kilogramo de hoja verde durante junio. En algunas zonas, denunciaron pagos de apenas $170 por kilo puesto en secadero, además de plazos que demoran la percepción del dinero y deterioran aún más su valor.
Las cifras corresponden a estimaciones sectoriales y deberán ser auditadas por el Ministerio del Agro. Sin embargo, la diferencia denunciada resulta lo suficientemente amplia como para exigir que Passalacqua publique un estudio oficial de costos y precios reales por zona.
Más del 85 por ciento de la producción argentina de hoja verde se concentra en Misiones. La cadena sostiene a miles de pequeños productores, trabajadores rurales, secaderos, cooperativas, transportistas y comercios, por lo que el deterioro se traslada rápidamente a decenas de municipios.
Passalacqua cuestionó en reiteradas oportunidades la política nacional y sostuvo que un valor justo para el productor debía ser muy superior al fijado por el mercado. También promovió créditos y programas sectoriales. No obstante, el hecho de que las organizaciones deban llevarle ahora una ley de emergencia demuestra que esas medidas no lograron estabilizar la actividad.
El proyecto todavía no fue difundido en su versión definitiva. Sus impulsores adelantaron que buscará crear herramientas excepcionales y establecer referencias que reduzcan el desequilibrio entre productores e industrias. Corresponderá al Ejecutivo explicar cuáles de esas medidas puede aplicar legalmente, cuánto costarían y qué controles evitarán que los beneficios queden concentrados.
El gobernador no puede limitar su respuesta a acompañar el diagnóstico o volver a culpar a la Nación. Debe definir si apoyará la iniciativa, si enviará un texto propio a la Legislatura y qué asistencia inmediata dispondrá mientras continúa la discusión.
La desregulación dejó el precio en manos de un mercado concentrado. Ahora los pequeños productores le piden al Gobierno provincial que utilice las facultades que todavía conserva antes de que la crisis se transforme en un proceso irreversible.
