El Consejo Provincial del PJ de Entre Ríos, manifiesta su rechazo absoluto al proyecto de reforma previsional

Provinciales15 de julio de 2026R H FernándezR H Fernández
El Consejo Provincial del PJ de Entre Ríos, junto a los bloques de senadores y diputados provinciales del justicialismo, la Liga de Intendentes, y legisladores nacionales, manifiesta su rechazo absoluto al proyecto de reforma previsional impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio, así como al dictamen de mayoría de la Cámara de Senadores.
Es el oficialismo provincial el único responsable de una iniciativa legislativa que consagra un retroceso histórico en materia de derechos humanos y sociales en Entre Ríos.
En ese sentido, repudiamos la estrategia oficialista de agitar una falsa guerra entre trabajadores del sector público y privado, que no es más que una cortina de humo para nivelar derechos hacia abajo.
Sumisión al ajuste nacional y claudicación Federal
Las políticas de ajuste nacional, la parálisis económica y el desplome de la recaudación por la recesión son los factores que impulsan esta reforma bajo la premisa del 'déficit cero'.
Ante ello, lejos de defender la autonomía provincial, el Ejecutivo entrerriano ha decidido abandonar el reclamo por los recursos previsionales nacionales que por ley le corresponden a Entre Ríos. Esto convalida acuerdos centralistas que implican la renuncia de hecho a los fondos históricos de la Caja de Jubilaciones y la claudicación al justo reclamo federal.
Graves vicios de inconstitucionalidad
Fin de la Movilidad Histórica (Art. 34): se desmantela la movilidad al desvincular el haber de los jubilados de su escalafón de origen, delegándolo en un índice discrecional del Ejecutivo.
El Engaño del 82% Móvil (Arts. 31 y 63): mantener el porcentaje es una maniobra publicitaria vacía. Al estirar la base de cálculo a las últimas 180 remuneraciones (15 años), se incorporan al cálculo del haber salarios de categorías iniciales bajo un "promedio actualizado" cuyo índice de actualización la ley ni siquiera define. Esto genera una drástica licuación del haber inicial.
Delegación de Facultades Extraordinarias (Art. 6): la declaración de la emergencia previsional podría funcionar como un cheque en blanco para que el Gobernador modifique unilateralmente alícuotas y aportes por decreto, violando la división de poderes y la Constitución provincial.
Asfixia a los Municipios (Art. 15): avasallan las autonomías municipales al facultar a la Contaduría General a retener unilateral y automáticamente fondos de la coparticipación para cobrar deudas previsionales, vulnerando el pacto fiscal interno.
Confiscación a Regímenes Especiales (Arts. 19 y 20): el aporte solidario post-jubilatorio de hasta el 19% para sectores que realizaron tareas de desgaste psicofísico (salud mental, infectocontagiosas, radiología, servicio penitenciario), es directamente un absurdo jurídico.
Profundo Sesgo Discriminatorio contra las Mujeres: el ajuste se ensaña con las conquistas históricas de las mujeres. El aporte solidario recae sobre áreas con alta participación de mujeres, se les aumenta la edad jubilatoria y se recortan pensiones por viudez a un máximo de 8 años en determinados supuestos, violando tratados internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.
Retroceso en Pensiones por Invalidez (Art. 24): Se exige estar en actividad y con aportes recientes para acceder a la invalidez, desprotegiendo a enfermos crónicos, violando el principio de no regresividad del Pacto de San José de Costa Rica.
El mandato partidario
Cualquier postura de legisladores provinciales peronistas que no se encuadre con el rechazo absoluto a este proyecto constituirá una posición estrictamente personal, en abierta desobediencia al mandato partidario. No existe espacio para el acompañamiento individual de esta iniciativa tan nociva para las y los trabajadores estatales entrerrianos. Las modificaciones realizadas no cambian un ápice del espíritu de la reforma y son cosméticas e insuficientes.
Había otro camino
Desde el peronismo entrerriano siempre manifestamos la voluntad de discutir la sostenibilidad de la Caja, proponiendo una alternativa responsable, transparente y técnicamente fundada que incluya la recuperación de los recursos adeudados por Nación. Sin embargo, el oficialismo prefirió imponer una reforma sin consensos y legislar a ciegas.
Esta reforma nace con un altísimo nivel de conflictividad jurídica y abrirá un escenario de judicialización masiva que terminará generando nuevos y millonarios costos para la provincia. Lo que hoy el Gobierno presenta falsamente como un ahorro, se convertirá mañana en un pasivo económico mucho mayor.
Esta es la reforma del conflicto permanente. Detrás de cada voto favorable hay miles de docentes, policías, enfermeros y empleados públicos que verán afectado su futuro. Frente a eso, el peronismo seguirá defendiendo un sistema previsional solidario, con la convicción de que fortalecer la Caja nunca debió significar debilitar los derechos de quienes la sostuvieron durante toda una vida de trabajo
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